Aprueba Congreso de Puebla Ley de Imagen Institucional
La reciente aprobación de la Ley de Imagen Institucional en el Estado de Puebla marca un hito en la regulación de la identidad visual de entidades gubernamentales. La normativa, presentada por la diputada Lupita Leal en colaboración con otros legisladores, en busca de establecer criterios uniformes para fachadas, vehículos oficiales, uniformes, papelería y cualquier material impreso o digital relacionado con entes públicos.
En su discurso ante los legisladores, la diputada Leal Rodríguez subrayó la necesidad de poner fin al gasto excesivo en cambiar la imagen gubernamental con cada cambio de administración, haciendo hincapié en que “el color de los partidos les cueste a los militantes, pero no a los ciudadanos”.
Los beneficios clave de esta legislación incluyen ahorros significativos al erario público al evitar reinversiones constantes en la imagen gubernamental. Además, se espera que promueva la cultura y la historia de Puebla, fortaleciendo la identidad del estado y fomentando la participación ciudadana en las acciones gubernamentales.
La imparcialidad y neutralidad son principios fundamentales de la ley, ya que prohíbe hacer alusiones a la imagen personal o política de los titulares, miembros, partidos o agrupaciones políticas. Esto busca garantizar un servicio público imparcial y neutral.
Un aspecto destacado de la ley es su consideración ambiental. Al establecer criterios claros para la imagen institucional, se evita el gasto innecesario de recursos, contribuyendo a la sostenibilidad y reduciendo el impacto negativo en el medio ambiente.
La Ley de Imagen Institucional entrará en vigor durante el próximo cambio de administración, requiriendo que los nuevos gobiernos se adhieran a los Manuales de Imagen Institucional que formulen, respetando las bases mínimas establecidas por la ley local.
Finalmente, se establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos que no cumplan con la normativa. Desde amonestaciones hasta la inhabilitación, estas medidas buscan asegurar el uso eficiente y responsable de los recursos públicos en términos de eficiencia, neutralidad, imparcialidad y sostenibilidad, entre otros principios fundamentales de la imagen institucional.
